Sobre el Decreto contra LyFC y los electricistas

CUATRO PREGUNTAS AL GOBIERNO FEDERAL Y UN PUNTO DE VISTA

1.- ¿Qué entiende el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por dialogar (“Primero liquídense y luego vemos”)? ¿Por qué un gobierno no puede negociar sino sólo conversar? ¿Todas las decisiones están tomadas de antemano y el papel de los partidos de oposición, los sectores de la sociedad civil o los sindicatos es confirmar esas decisiones?
2.- ¿Cómo se justifican afirmaciones como la del presidente Calderón de culpar al SME de la pérdida de 100 mil empleos? ¿De dónde obtuvo la cifra? ¿o ese dato le permite presumir una “conciencia tranquila” después de dejar sin empleo a 50 mil electricistas?
3.- La actual campaña contra el sindicalismo, sin duda una zona donde abundan la corrupción institucionalizada (SNTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM), se está transformando en una campaña contra la idea misma de la existencia de sindicatos y de derechos laborales. El secretario del Trabajo, Javier Lozano habló de analizar “el costo-beneficio de cada sindicato”, ¿para el gobierno, para la empresa o para los trabajadores? En cambio, defendió al sindicalismo bueno y criticó al sindicalismo malo y no se tomó la molestia de definirlos. ¿Qué merece el sindicalismo bueno (SNTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM) y por qué se elogia tanto a sí mismo al reprimir al sindicalismo malo?
4.- ¿Qué significan las leyes para el gobierno federal? La decisión de Felipe Calderón, al extinguir LyFC, contravino la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, además de pasar por alto, sin explicaciones, los contratos firmados por el propio gobierno. ¿Por qué no se declaró, si tal era el caso, la situación de emergencia que le hubiese permitido al régimen hacer a un lado la legislación expresa?
5.- Estamos claros: Luz y Fuerza del Centro ha tenido graves problemas de operación y de finanzas, las tarifas eléctricas se han disparado sin control (cortesía de la Secretaría de Hacienda), el servicio deja mucho que desear, se han generalizado los abusos en los cobros (curiosa modo de buscar apoyo a la liquidación) y la atención a los usuarios ha sido pésima, cuando no deliberadamente insultante. Atribuirle al sindicato decisiones que han sido del gobierno federal es un pobre escamoteo de la realidad. Sin pretender eludir la parte significativa que le corresponde a los sindicalizados, la crisis de la empresa tiene que ver sobre todo con la política de desmantelamiento sostenida durante quince años por las administraciones sucesivas. En este tiempo y sin justificación alguna no se ha invertido nada en la modernización del equipo y su mantenimiento; se ha empeorado el servicio y encarecido para todos los usuarios (no favorecidos). Y ahora se ha concesionado, sin explicaciones, el extraordinario negocio de la fibra óptica a una empresa encabezada por dos ex secretarios de Energía panistas.
Atentamente
Marco Antonio Campos
Rolando Cordera
Arnaldo Córdova
Laura Esquivel
Bolívar Echeverría
Víctor Flores Olea
Luis Javier Garrido
Héctor Díaz-Polanco
Antonio Gershenson
Hugo Gutiérrez Vega
Luis Linares Zapata
Guadalupe Loaeza
Roberto Morales
Carlos Monsiváis
Jorge Eduardo Navarrete
Carlos Payán
Carlos Pellicer López
José María Pérez Gay
Carlos Tello
Víctor Manuel Toledo
Héctor Vasconcelos